Venta ilegal de tabaco resta 35 mil millones al erario mexicano
El mercado ilícito de cigarros afecta la recaudación fiscal a pesar de los ajustes en el IEPS, según expertos del Colmex.
La comercialización de tabaco ilegal en México representa una pérdida estimada de 35,000 millones de pesos anuales para las finanzas públicas, cifra que se mantiene como un desafío crítico para la SHCP a pesar de los incrementos aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Este fenómeno erosiona la base recaudatoria del Estado, dificultando la captación de recursos destinados a programas sociales y servicios de salud pública.
Investigadores del Colegio de México (Colmex) han señalado que las organizaciones delictivas han perfeccionado una estrategia operativa mixta. Esta modalidad combina el contrabando de productos extranjeros con la fabricación clandestina dentro del territorio nacional, lo que genera una competencia asimétrica frente a las empresas que cumplen con la regulación sanitaria y fiscal del país.
El auge de estos productos, que se distribuyen en mercados informales y tianguis, complica la labor de vigilancia de las autoridades. Al no cumplir con los estándares de la Secretaría de Salud ni con los registros de la autoridad tributaria, el tabaco ilegal se coloca en los puntos de venta a precios significativamente menores, capturando una parte importante de la demanda del consumidor.
Especialistas académicos advierten que la estrategia criminal no solo impacta en la recaudación, sino que también representa un problema de salud pública al evadir cualquier control de calidad o supervisión sobre los insumos utilizados en la manufactura. La falta de trazabilidad en estas mercancías impide conocer los componentes tóxicos adicionales que podrían estar presentes en los cigarros comercializados fuera de la ley.
Ante este panorama, diversas voces en el sector económico han instado a fortalecer la coordinación entre la FGR, la Guardia Nacional y el SAT para desmantelar las redes de distribución y los centros de producción ilícita. Aunque existen propuestas para endurecer las sanciones contra quienes comercializan productos de contrabando, la complejidad de las redes delictivas requiere una estrategia integral que abarque desde la vigilancia en aduanas hasta la supervisión en el comercio detallista.
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